España.- Los documentos publicados por Wikileks no han hecho sino comenzar a levantar ampollas. En nuestro país, dos nombres ya han salido a la palestra: el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Supuestamente, ambos ayudaron a Estados Unidos a archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses, de acuerdo a la información filtrada por la web Wikileaks.
EEUU maniobró en la Audiencia Nacional a través de su Embajada en Madrid, llegando a "utilizar" a fiscales y altos cargos españoles para interferir en las investigaciones abiertas por el 'caso Couso', los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo, según informa el diario 'El País'.
En los documentos diplomáticos filtrados por el portal Wikileaks figuran cientos de telegramas enviados por las embajadas de Estados Unidos y el Departamento de Estado durante los dos últimos años y que revelan parte de los problemas que heredó Barack Obama para ubicar a los presos de la cárcel de Guantánamo. El Gobierno de EE.UU. llegó a ofrecer cantidades de dinero a otros países para que accedieran a ello. Entre ellos, Washington llegó a ofrecer al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero hasta 85.000 dólares por cada preso que acogiera en España. Finalmente, España aceptó a tres presos de Guantánamo, un palestino, un yemení y un afgano.
El hermano de Couso acusa al Gobierno de "connivencia en la ocultación de delitos"
La familia del cámara de Telecinco asesinado en Bagdad estudia acciones legales tras las revelaciones que publica EL PAÍS sobre el caso
EL PAÍS - Madrid - 30/11/2010
"Estupefactos", "engañados" y "absolutamente indignados". Así se sienten los familiares de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado por un carro de combate de EE UU durante la toma de Bagdad, tras conocer que EE UU maniobró a través de su Embajada en Madrid para que fiscales y altos cargos españoles ayudaran a dar carpetazo al caso. Javier Couso, hermano del cámara, opina que la soberanía nacional está "en entredicho" por la intromisión de EE UU en la justicia española, acusa al Gobierno de "connivencia en la ocultación de delitos" y anuncia que emprenderán acciones legales por unas actuaciones que pueden suponer a su juicio una conculcación del Estatuto de la Fiscalía y una vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tanto el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, aparecen citados como colaboradores con los que contactó EE UU para conseguir archivar causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses, según publica hoy EL PAÍS de acuerdo con la información de los cables de la Administración estadounidense filtrados a Wikileaks. Entre las graves revelaciones sobre el caso, destaca una frase textual de Eduardo Aguirre, embajador estadounidense en España durante la etapa del presidente George W. Bush, que llegó a advertir en 2007 al Gobierno: "Se me está acabando la paciencia". Hablaba de "los comentarios desleales del PSOE sobre Estados Unidos" con el principal asesor diplomático de La Moncloa. "Es de república bananera", ha declarado por teléfono a este periódico Javier Couso. Otras de las conversaciones registradas en un cable -el informe confidencial del 19 de julio de 2007- recoge que Conde-Pumpido transmitió al embajador Aguirre que él quería archivar el caso Couso.
"Nos han estado mintiendo de manera descarada"
El fiscal general del Estado explicó ayer a EL PAÍS que "a veces" traslada información a EE UU, pero que siempre son "datos públicos facilitados a petición de la embajada". También la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega llegó a asegurar en 2007 al embajador que ella estaba "muy implicada" en el seguimiento del caso Couso y que una de las opciones que se estaba planteando era la de "presentar un recurso". "Nunca pensamos que iba a llegar a este nivel de escándalo contra la soberanía nacional de nuestro país, a esa doble moral con los derechos humanos y esa connivencia de un Gobierno en la ocultación de delitos con un nacional como era mi hermano", ha subrayado Couso, hermano del cámara asesinado. Además del asesinato de su hermano, la Embajada de EE UU en Madrid también presionó a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía General del Estado para bloquear las causas sobre Guantánamo y los vuelos de la CIA.
Couso ha acusado al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no solo de no defender a su hermano sino de "connivencia en la ocultación de delitos" y ha asegurado que la familia estudiará con sus abogados acciones legales tras conocerse los cables de la embajada filtrados por Wikileaks. "Pensamos que ha quedado en papel mojado el Estatuto de la Fiscalía, que debe investigar delitos y en lugar de eso los ocultan y al servicio de otro país", ha explicado Couso, para añadir que también ven "una posible vulneración de la Ley de Enjuiciamiento Civil", entre otros delitos e irregularidades. "No descartamos nada, ni siquiera la prevaricación, pero tienen que verlo nuestros abogados", ha añadido.
"Sabía que estaban encima de la mesa siempre las relaciones bilaterales", ha reconocido Couso para recordar que denunciaron "conversaciones del fiscal general del Estado con su homólogo de EE UU y las exigencias de cerrar el caso". Sin embargo, lo descubierto hoy sobrepasa lo que la familia del periodista fallecido imaginaba. Para Javier Couso, "esto es la constatación de que la soberanía nacional está en entredicho, no existe". En lugar de un "Gobierno aliado", de una "potencia media", lo que hay es "vasallaje y sumisión". "Nos han estado mintiendo de manera descarada", ha agregado Couso sobre un Gobierno que hizo bandera de la oposición a la guerra de Irak y de la salida de las tropas. Además, Couso ha señalado que la familia espera y reclama las dimisiones de Conde-Pumpido y de Zaragoza. Ambos "debían haber dimitido ya tras los dos reveses del Supremo", ha precisado, en referencia a la devolución del caso a la Audiencia Nacional tras su cierre en falso. "En este país, solo los jueces del Supremo y los de instrucción defienden el Estado de Derecho y la soberanía nacional, lo que no hace el Gobierno", ha sentenciado.
Prensa
David Couso: "Se han comportado como vasallos de Estados Unidos"
La noticia saltaba esta mañana: EEUU contó con la colaboración de autoridades del Gobierno y con información sobre la marcha de las causas judiciales abiertas en la Audiencia Nacional sobre la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad por disparos de un tanque estadounidense, según informa el diario 'El País'.
"Ya se ha visto que se han comportado como vasallos de Estados Unidos", asegura a Terra Noticias David Couso, hermano del cámara fallecido tras conocer los documentos a través de la prensa. "No es algo que nos sorprenda".
"Ahora salen a la luz estos documentos pero ya sospechábamos que la Fiscalía estaba siendo presionada y que el Gobierno tenía que estar al tanto", afirma
"Esperamos que se filtren documentos de lo que pasó el 8 de abril de 2003 en el Hotel Palestina", ha pedido el familiar. "Tiene que haber informes, tiene que haber algo de lo que realmente sucedió en el ataque. La esperanza es lo último que se pierde".
Los familiares, que desde hace siete años se manifiestan frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid en el aniversario de la muerte del cámara, no descartan emprender acciones legales si se demuestra que de forma deliberada se obstaculizó su proceso judicial desde otros estamentos. "El abogado del caso tiene los documentos y él verá si se puede hacer algo".
"Es muy grave que se impida que la justicia actúe de forma independiente", concluye.
Couso, el enemigo está en casa
Por: Ramón Lobo
Un país serio, como Estados Unidos, defiende a sus nacionales. Un país menos serio, no. Los papeles de Wikileaks sobre España revelados por este periódico dejan mal parados al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y al Gobierno del PSOE. Un adjunto al director general de Política de Defensa (no identificado en el telegrama) comunicó en mayo de 2009 a la Embajada de EEUU en Madrid: "El Ministerio apoya totalmente la posición norteamericana". Se refería al caso Couso. La (hoy ex) vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró al embajador de EEUU en abril de 2007 que ella "estaba muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestaban atención los más altos cargos del Gobierno español".
Hay más, habrá más.
Ya no podemos culpar al Gobierno del PP, el de José María Aznar, de todos los males en Irak. El del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero siguió la misma línea en el caso Couso (y otros, como los vuelos secretos de la CIA). Donde hay patrón nunca manda marinero. Donde hay patrón la defensa del valores es siempre con sordina.
Cuando hablamos del caso Couso nos referimos al proceso judicial abierto tras la muerte del camarógrafo español José Couso. Le mató el disparo de un carro de combate Abrams del Ejército estadounidense en la mañana del 8 de abril de 2003. Couso se encontraba en la planta 14 del Hotel Palestina grabando la entrada de las tropas de EEUU en Bagdad. Un tanquista le encontró sospechoso. Murió horas después a causa de las heridas recibidas. También murió el camarógrafo de la agencia Reuters Taras Protsyuk, quien se encontraba en la planta superior.
Ese mismo día, las tropas norteamericanas dispararon contra la casa de Abu Dhabi TV y bombardearon la de Al Yazeera en la capital iraquí. Murió Tareq Ayyoub. La cadena catarí había informado de las coordenadas de su sede. No sirvió de nada. La muerte de Ayyoub fue un asesinato.
En los casos de Couso y Protsyuk hay más dudas sobre la calificación de los hechos. Para la familia del camarógrafo español y numerosas organizaciones periodísticas, el Ejército actuó deliberadamente contra el hotel donde se concentraba la mayoría de la prensa. Su objetivo era lograr su salida de Bagdad.
Otros piensan que se trató de un fallo de apreciación producto del miedo, el estrés de combate (no pasaba nada en ese momento) y de la falta de información. Estoy más con los segundos aunque disparar contra un hotel lleno de civiles es un crimen de guerra que exige una investigación y un castigo. Es inconcebible que el Ejercito de EEUU no supiera dónde estaban sus periodistas. En democracia, los errores se pagan.
Miembros de la judicatura y del Gobierno del PSOE han trabajado para impedir esa investigación y para descarrilar el proceso judicial emprendido en España por el juez Santiago Pedraz, quien ha dictado una orden de detención contra tres militares de EEUU.
"Lo terrible es que un Gobierno que hizo bandera de caso Couso, el del PSOE, haya conspirado con una potencia extranjera para impedir que se haga justicia", dijo Javier Couso a Aguas Internacionales. "No es una sorpresa lo revelado, pero sí el grado. Sabíamos de la existencia de reuniones secretas con la embajada. El asunto ya está en manos de nuestro abogado. Seguimos confiando en la justicia, en el Tribunal Supremo y en los jueces de instrucción", añadió. El abogado de la familia Couso estudia si los colaboradores españoles de EEUU en el boicoteo del caso pueden ser procesados por encubrimiento. En EEUU se consideraría traición.
La muerte de periodistas es por lo general un accidente de trabajo. En algunos casos, como el de Julio Fuentes, un asesinato. Una guerra debe cumplir unas normas, las convenciones de Ginebra, y respetar la vida de los civiles. Los periodistas lo somos. Que el sargento Gibson, jefe del carro que mató a dos camarógrafos confundiera dos cámaras con lanzadores Milano, de los que carecía el Ejército de Sadam Husein, es grave. Couso no es el único muerto por disparos estadounidenses. Este periódico perdió en Panamá al fotógrafo Juantxu Rodríguez.
Olga Rodríguez, periodista de la cadena SER en 2003, se encontraba en Bagdad el día de la muerte de José Couso. Es un testigo esencial para el juez Santiago Pedraz, que se halla a la espera de viajar a Bagdad para investigar sobre el terreno. "Lo revelado a través de Wikileaks confirma lo que sabíamos. Estados Unidos no está dispuesto a que salga adelante este proceso porque produciría un efecto dominó. Sería abrir la caja de Pandora, el Ejército de EEUU dejaría de ser inmune. Hay muchos muertos en la lista de espera".
Ricardo Ortega es uno de ellos.
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