Venezuela.- Los ruegos del presidente Hugo Chávez han sido escuchados. La noche del martes el jefe de Estado exclamó en el salón elíptico de la Asamblea Nacional: "imploro que se haga una ley muy severa" para impedir que organizaciones políticas y no gubernamentales sean financiadas por el "imperio yanqui".
Pues bien, el presidente de la Comisión de Política Exterior, Roy Daza (PSUV-Aragua), informó ayer que el próximo miércoles esa instancia considerará "la propuesta definitiva" del proyecto de Ley de Cooperación Internacional.
El texto original fue aprobado en primera discusión el 13 de junio de 2006. Aunque no ofreció mayores detalles, Daza asomó que incorporarán varias novedades antes de sancionar el instrumento. "Hoy la cooperación en Venezuela tiene una dimensión que no poseía hace cuatro años", acotó.
El legislador esbozó uno de los elementos que incluirán en la herramienta legal. "Hay que hacer una diferenciación entre las ONG que activan en política social, que es la gran mayoría, y aquellas que intervienen en asuntos de carácter político porque tratan de suplantar las funciones del Estado".
Como ejemplo de esas últimas citó a Súmate, que habría intentado desplazar al Consejo Nacional Electoral. "Son varias, solo quiero señalar ese ejemplo en este momento, sobre eso hay un expediente concreto", respondió Daza al consultarle por otros casos.
Con respecto a las ONG que se dedican a tareas sociales, el parlamentario adelantó: "la cooperación relacionada con el trabajo social debe ayudar a lo que está haciendo el Estado venezolano en sus distintas instancias. La cooperación internacional no puede ser una cosa distinta, debe estar integrada con las instancias del Estado", argumentó.
"No puede haber un flujo de recursos para organizaciones que estén horadando poderes del Estado", sentenció.
Por su parte, el diputado Saúl Ortega (PSUV-Carabobo) declaró a la estatal AVN que el Parlamento también elabora una norma para el "Control de Agentes Extranjeros".
En la mira
El proyecto de Ley de Cooperación Internacional consta de 24 artículos y establece la creación de un Sistema Integrado de Registro, donde todas las ONG tendrán que anotarse. Su disposición número 17 obliga a estas agrupaciones a inscribirse "para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países, así como para acceder a los incentivos fiscales contemplados en las leyes que regulan la materia impositiva y tributaria".
Igualmente, el artículo 22 de la propuesta apunta que estas asociaciones tienen que suministrar a "las autoridades competentes, así como a cualquier ciudadano que lo solicite, la información y datos sobre su constitución, estatutos, actividades que realizan, administración y destino de sus recursos, con especificación detallada de sus fuentes de financiamiento".
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