Bajo el argumento de la necesidad de desarrollar "sectores estratégicos" avanza la estrategia expropiadora del Gobierno: y, de momento, lo único cuantificable son las gacetas oficiales con decretos presidenciales (Archivo)
Contenido relacionado
Expropiar y liquidar
Los primeros seis meses del año ya marcan un récord de expropiaciones para el Ejecutivo Nacional con un registro de 16 procesos consumados. Esto representa la misma cantidad que el año pasado, el doble que en 2008 y algo más que en 2007.
Y se comprueba al hacer seguimiento a los decretos presidenciales de adquisiciones forzosas por causa de utilidad pública o social publicados en las 855 ediciones de la Gaceta Oficial, que circularon desde el 1 de enero de 2007 al 30 de junio de 2010. Eso, sin contar medidas similares adoptadas durante el mismo lapso por otros niveles del Gobierno y poderes del Estado con potestades para expropiar, sobre las cuales no parece haber una cifra confiable.
De las 48 expropiaciones producidas por decreto presidencial entre enero de 2007 y junio de 2010, 10 ocurrieron en 2007 y siete en 2008. Pero la tendencia experimentó una verdadera escalada en 2009 y 2010 (enero a junio), con 15 y 16 expropiaciones, respectivamente, de acuerdo a una verificación realizada por el Instituto de Prensa y Sociedad.
Además de las nacionalizaciones, mecanismo por el cual el Estado se ha hecho con el control de empresas de otros países que desarrollaban alguna actividad en Venezuela -como en el caso de Cantv y el Banco de Venezuela- las expropiaciones se han presentado como otra manera en la que activos, patrimonio y la propia razón jurídica de compañías privadas han quedado a cargo de organismos públicos con el objetivo -dicen- de desarrollar sectores estratégicos.
Primero la tierra
"Vamos por ella, tierra para los campesinos", fueron las palabras que pronunció Hugo Chávez, en un Aló Presidente de agosto de 2004. En ese momento anunciaba que iría contra el latifundio, cumpliendo con la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y que de este modo apoyaría la soberanía e independencia del país.
Ese llamado sirvió como pistoletazo de partida para las expropiaciones que debían acabar con las tierras incultas u ociosas, una práctica que comenzó a activarse poco a poco y que se intensificó con carácter orgánico ya en 2007 con la publicación del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista -PPS- , en el que se presentaron las estrategias de desarrollo económico y social de la nación entre 2007 y 2013.
Una de las premisas de este plan es: "El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social". Y, en efecto, la voracidad del Estado parece haberse ampliado con los primeros bocados, hasta el punto que empezaron a producirse expropiaciones de algo más que tierras ociosas.
¿Qué es "estratégico"?
Por vía de los hechos se ha comprobado que sectores agroindustriales como los del café, azúcar, arroz, pesca, fruta, leche y carne, así como la industria del cemento, fabricación de tuberías, acero, hierro, terrenos para la construcción, taladros para la perforación de pozos petroleros, supermercados y hoteles son de carácter estratégico. Empresas de esos sectores forman parte del listado de expropiaciones que se produjeron entre enero de 2007 y junio de 2010, ampliando el abanico de áreas "prioritarias".
En lo jurídico, leyes como la del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), se han encargado de establecer la posibilidad de que distintos sectores puedan ser calificados de utilidad pública o social. La mayoría de los decretos y leyes dictados con la Ley Habilitante tienen un artículo que declara de utilidad pública o social a todos los sectores que pretende regular.
La prioridad se ubica claramente sobre el agrícola. Del total de adquisiciones forzosas, casi la mitad (23 decretos, 47,9%) quedaron a cargo del Ministerio de Agricultura y Tierras, a través de empresas adscritas a este organismo o directamente en manos del mismo.
Entre las 23 expropiaciones, que abarcan tierras y compañías, que pasaron al Estado para promover el desarrollo agrícola, la mayoría se ejecutaron fuera de la capital: Zulia, Carabobo, Mérida, Barinas, Portuguesa, Apure, Yaracuy, Táchira, Sucre, Monagas y Guárico.
Un grupo importante de estas empresas eran productoras de azúcar (21,7%) y café (13%). Se cuenta Industrias Azucareras Santa Elena, Santa Clara, el Central del Táchira y Central Venezuela y Agrícola Torondoy del Complejo Agroindustrial Azucarero Venezuela. Todas fueron expropiadas entre abril y junio de 2010.
En el caso del café, la Sociedad Mercantil Agropecuaria Miramar, Fama de América y Cafea resultaron afectadas en 2009.
Esto responde a la tendencia creciente de expropiaciones en los últimos años. Entre 2009 y 2010 se llevaron a cabo 69,6% de las expropiaciones que finalmente quedarían en manos del Ministerio de Agricultura y Tierras.
Los otros sectores estratégicos, que se han mostrado como prioritarios pero en un menor nivel que el agrícola, han sido: el industrial, el petrolero y el de infraestructura.
Del total de las empresas objeto de decretos presidenciales de adquisiciones forzosas, 10,4% terminaron a cargo del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, 8,3% a cargo del despacho de Energía y Petróleo y 8,3% a cargo del Ministerio de Infraestructura.
Foco territorial
Las expropiaciones han abarcado casi todo el territorio nacional, a excepción de Delta Amacuro, Amazonas, Falcón y Cojedes.
Zulia con seis casos y Bolívar con cinco, son los que mayor número de adquisiciones forzosas han tenido. Se trata de zonas ricas en tierras fértiles, hidrocarburos y minerales, en correspondencia con los sectores definidos como "estratégicos" y que pasan a control del Estado para el desarrollo de "empresas socialistas".
Los otros lugares que concentran un grupo importante de compañías expropiadas son: Carabobo, Barinas, Mérida, Lara, Nueva Esparta, Distrito Capital y Miranda.
La mayoría de los emprendimientos transferidos al Estado para la construcción, se encuentran en la región capital.
Deudas
En mayo de 2010, Ecoanalítica estimó que desde 2006 el costo de las nacionalizaciones era de 23 mil 315 millones de dólares, incluyendo a las expropiadas Cadena Hilton e Hipermercados Éxito. Sin embargo, no contempló tierras, centrales azucareros ni los procesos en las zonas industriales de Barquisimeto y Maracaibo.
El mes siguiente, la cámara Venezolana Americana (Venamcham) denunció que, de las 44 empresas de su grupo que habían sido expropiadas, solo seis han recibido un pago. Aunque la ley prevé la "justa indemnización" a las compañías, ésta ha sido una de las principales quejas de los afectados.
Y pese a que las deudas no se han honrado, las actividades de expropiación continúan su ritmo. El resultado del cambio se verá pronto: en el empleo, la producción de las empresas y en los anaqueles de los supermercados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario