Guerrilleros de las FARC
La denuncia en contra del presidente Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional y contra el Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es respaldada por un dossier de 116 páginas que incluye evidencias de asesinatos, secuestros y ataques a civiles, así como cruce de llamadas, correos electrónicos y contactos de radio, entre otros, cuyo contenido fue publicado en un trabajo en el diario El Colombiano, firmado por el periodista Rafael González Toro.
La denuncia fue realizada por el abogado Jaime Granados en representación de víctimas colombianas de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que se refugiarían en Venezuela.
Las conductas violadas al permitir que guerrilleros de las FARC y el ELN se refugien en el país serían las contempladas en los artículos 4, 5 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se refieren al derecho de la vida, la integridad personal y las garantías judiciales, respectivamente.
El dossier abriría con una descripción de hechos de 2010 que son considerados violaciones de los artículos 4 y 8, para seguir con evidencias confirmarían que autoridades venezolanas sabían de la presencia de los cuerpos guerrilleros dentro de Venezuela, y cierra con pruebas de la relación militar entre dichas autoridades y las FARC y el ELN.
En el primer grupo hay 60 denuncias de secuestros, homicidios y ataques a patrullas de la policía y el ejército de Colombia en cinco municipios fronterizos, entre enero y julio de este año.
El segundo grupo incluye 18 comunicaciones entre 2001 y 2007 entre comandantes de las FARC como Raúl Reyes, Rodrigo Granda y "Timochenko" y miembros de su secretariado donde se implican a funcionarios como Ramón Rodríguez Chacín, Alí Rodríguez Araque y el general Clíver Antonio Alcalá, entonces comandante de la 41ª Brigada Blindada del Ejército. También se implican a alcaldes y funcionarios de menor rango.
Por último, hay 22 evidencias de hechos ocurridos desde 2001 que demostrarían la relación militar entre el Gobierno y los grupos guerrilleros colombianos, como son comunicaciones de los jefes guerrilleros y el Secretariado, identificación de coordenadas, pruebas de reuniones, logísticas y entrenamientos de guerrilleros en territorio venezolano.
Incluyen además testimonios de guerrilleros desmovilizados que hablan de siete campamentos de la guerrilla en Venezuela, uno de los cuales incluiría una casa refugio de Iván Márquez.
Los testimonios también incluirían la creación de lugares de descanso en la frontera para las FARC ordenado por el propio presidente Chávez.
Granados afirmó que el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, informó que serviría como testigo en el juicio.
Durante su reunión con su homólogo Juan Manuel Santos, el presidente Chávez desestimó la denuncia, calificándola como "un chiste" y afirmando que no la mencionaría
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