Escrito por Pedro Rioseco
Por Pedro Rioseco
Quito.- La unión de las bancadas opositoras e independientes en la Asamblea Nacional ecuatoriana, frente a la bancada gobernante y sus aliados, busca una mayoría para boicotear la aplicación del mandato popular y augura una dura batalla política.
Así entendieron el gabinete del Presidente, Rafael Correa, y 34 organizaciones y movimientos sociales el anuncio de quienes se auto proclaman como nueva mayoría y pretenden reformar la Ley de Función Legislativa.
"Nosotros vamos a exigir que se respete la voluntad popular. Si es que eso demanda movilización de las organizaciones sociales, así lo haremos", manifestó Marcelo Solórzano ante un posible boicot por parte de los partidos de oposición en la Asamblea Nacional
Al hablar en nombre de las organizaciones sociales, el dirigente de la Red Nacional de Trabajadores Eléctricos anticipó la próxima etapa de lucha política, donde las masas populares movilizadas hagan a la Asamblea aprobar las leyes derivadas de la consulta y el referendo.
Después del plebiscito del 7 de mayo, las maniobras de la oposición lograron mediante reiteradas impugnaciones, rechazadas luego por el Tribunal Contencioso Electoral, retrasar hasta el 12 de junio la proclamación del triunfo del Sí en las 10 preguntas en la consulta.
De las urnas, y las impugnaciones que beneficiaron la impunidad de los implicados en la intentona golpista del 30 de septiembre de 2010, la batalla política se traslada ahora al poder legislativo, encargado por la Constitución de convertir en leyes el mandato popular.
Con esta maniobra contra el gobierno, los asambleístas de partidos tradicionales de derecha, independientes y con el apoyo de algunos autoproclamados de izquierda, pretenden también incidir en las elecciones de autoridades legislativas a fines de este mes de julio.
El anuncio de la unión opositora se hizo previo a una reunión trascendental del Pleno Legislativo que se realizará hoy, donde está previsto elegir al delegado para la Comisión Tripartita encargada de reestructurar la justicia en el país, y cuyo orden del día pretenden cambiar.
Esa decisiva instancia para transformar el sistema judicial tendrá tres delegados: del Ejecutivo, Legislativo y la Función de Transparencia y Control Social, y para representar a la Asamblea la bancada de PAIS propone a Tania Arias, expresidenta del Tribunal Contencioso Electoral.
Este día la bancada gobernante tendrá un taller de trabajo con la directiva nacional del Movimiento Alianza PAIS, en donde se prevé participe el Presidente, Rafael Correa, para unificar posiciones sobre la propuesta del delegado del Legislativo a la Comisión Tripartita.
Los opositores ya han anunciado su objeción a esa propuesta, y pretenden modificar el orden del día para, en lugar de elegir el delegado del Legislativo, cambiar la ley que delega en una Comisión la facultad de archivar el pedido de juicio político a funcionarios gubernamentales.
Con su reciente agrupación, la oposición dice tener comprometidos 63 votos de la asamblea unicameral formada por 124 asambleístas, en tanto el bloque del gobernante Movimiento Alianza PAIS tiene 54 legisladores y preside la mayoría de las 10 comisiones permanentes.
Sin embargo, el mandato popular en las urnas debe cumplirse, y de obstaculizar algunos diputados esta obligación constitucional, la propia Carta Magna prevé mecanismos drásticos para hacer valer la voluntad soberana del pueblo.
Gobierno y movimientos sociales, unidos en este primer gabinete ampliado, han hecho una clara advertencia: la batalla política se traslada ahora al Poder Legislativo, con el pueblo como garante.
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